Por leandro | septiembre 10, 2008 - 6:52 am - Publicado en Social

Cómo quisiéramos que la vivienda en Colombia fuera de interés social, pero en realidad actualmente se esconde un interés económico que opaca el interés social, los candidatos a ser dueños de su vivienda deben superar no pocos obstáculos para llegar a tan anhelada meta, y realmente estos obstáculos para la gran mayoría son insalvables en las actuales condiciones, pues deben acceder a un ahorro programado por cerca de dos años, solo para poder ser candidatos a la solución de vivienda, posteriormente viene el real problema. Una familia debe demostrarle al gobierno que gana menos de cuatro salarios mínimos, pero al banco le debe demostrar que tiene solvencia para cumplir su obligación financiera, si se asume, como es la realidad en la mayoría de los hogares pobres, se accede a menos de dos salarios mínimos legales, se tiene un detrimento en los ingresos que empobrece el hogar, pues aparte de cubrir con sus gastos de transporte, alimentación, salud, aseo, etc, deben también pagar su cuota mensual de crédito, que se tabula para ser pagada en 15 años, este empobrecimiento se ve agravado por unos elementos que ponen en riesgo el cumplimiento de su obligación crediticia, y que, en últimas terminan perdiendo su vivienda, pues la flexibilización laboral promovida por este Gobierno acompañada de la inestabilidad laboral, garantiza que en un periodo de 5 años un porcentaje muy alto de créditos se vean retrasados en algún momento, y en muchos casos este retraso solo se soluciona con la pérdida de la vivienda o con la refinanciación de su crédito, en cuyo caso solo prorroga su angustia por poder terminar de pagar su vivienda algún día.

En este oscuro escenario las financieras y las constructoras aparecen como los únicos beneficiados por tan perverso sistema, pues las entidades financieras saben que su crédito tiene como garantía la vivienda y que en ultimas será la prenda de garantía que tomaran para recuperar la inversión, y como ruleta rusa la entidad financiera podrá ofrecer esta vivienda a otra familia que entregara a la financiera otro subsidio otorgado por el gobierno y otro jugoso crédito que bien respaldado por la vivienda no tiene ningún pierde.

Las constructoras no se quedan atrás, pues irrespetando las condiciones mínimas de hábitat y calidad de vida ofrecen unas soluciones de vivienda que desconocen los mínimos de dignidad y calidad de vida para las familias y las comunidades en formación, que en varios casos atentan con los mínimos de calidad en materiales y mano de obra.

La pregunta inmediata es, por que sucede esto?, Por que permitimos esto?, por que la necesidad de vivienda se convierte en un rentable negocio y no en una verdadera solución social?. Para nosotros la solución a este perverso modelo antisocial es muy sencilla, efectiva y práctica tal como deberían ser las soluciones del gobierno si obedecieran a los intereses sociales y no a los intereses particulares de sus intermediarios. La propuesta que soluciona este aberrante modelo consiste en que el Gobierno elimine el modelo del subsidio de vivienda y pase al nuevo modelo en el cual se otorga la vivienda a las familias que requieren de un techo y un espacio con un mínimo vital garantizado. En este escenario el Gobierno es propietario de la Tierra y del Predio, y la familia accede a una escritura de posesión de dicho predio, que por ser de interés social no podrá ser vendido, subastado, enajenado ni usado para fines diferentes a los estipulados. En este modelo el Estado entrega una vivienda, con escritura de posesión en mano y mejora la calidad de vida de los colombianos al evitar el detrimento en su canasta familiar por conceptos de créditos de vivienda, además, la familia mantendrá la posesión y será heredable, pero cuando ya no se requiera del predio, este podrá ser devuelto al gobierno para ser asignado a otra familia que lo requiera.

Este modelo equilibra la necesidad de vivienda de los colombianos con el acceso a la propiedad privada para estratos con mayor poder adquisitivo.
Las financieras y las constructoras en este modelo dejan su papel de intermediarios y operan en otros escenarios donde no ponen en riesgo la vivienda ni la calidad de vida de las familias colombianas.

Para el 2009 el gobierno destinara 2,2 Billones de pesos, que en un modelo social equitativo otorgaría 100,000 soluciones de vivienda y no 120,000 sueños que se convertirán en 120,000 pesadillas para los colombianos. ¿Hasta cuando tomaremos las decisiones correctas y aprobaremos las leyes que necesitan los colombianos para su desarrollo y progreso social y económico?. Solo su conciencia social y sus decisiones políticas decidirán si los colombianos seguirán padeciendo del perverso modelo antisocial montado sobre el UVR (Antes UPAC), y sigue favoreciendo estos modelos económicos manipulados por los monopolios financieros del país.

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